Este martes se vence el plazo establecido por el Gobierno de Nicaragua para la liberación de todos los “presos políticos”, personas arrestadas por la Policía Nacional por participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Al menos 86 manifestantes que se encuentran en prisión deberían salir en las próximas horas, conforme los acuerdos firmados en marzo pasado entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, han advertido diferentes movimientos de oposición y organizaciones humanitarias en Nicaragua.
En los procesos de excarcelación que iniciaron en febrero pasado los “presos políticos” fueron enviados a sus casas en horas de la madrugada. En esta ocasión no se informó de ningún reo entregado a sus familiares durante las primeras horas del día.
Los “presos políticos” fueron capturados en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, en la que una aparente mayoría de ciudadanos rechaza el Gobierno de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Los manifestantes capturados, de los cuales 620 han recuperado su libertad, han sido señalados por el Gobierno de participar en un “fallido golpe de Estado”, y tienen acusaciones en su contra por terrorismo y otros delitos.
La oposición y organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que los manifestantes no han cometido delito porque la Constitución de Nicaragua garantiza el derecho a protestar, a la vez que señalan a Ortega de prácticas represivas.
Ayer lunes diversos sectores de la sociedad nicaragüense, incluyendo la Alianza Cívica y el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos expresaron su temor porque el Gobierno decida no liberar a los últimos 86 “presos políticos”, dado que hasta ahora no ha respetado ninguno de los acuerdos firmados y continúa arrestando a manifestantes, según la oposición.
La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 326 muertos, según el último reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no obstante organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno admite 200.
La CIDH sostiene que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes “de lesa humanidad” en el marco de la crisis.
Adicionalmente la oposición reporta más de un centenar de personas desaparecidas o de las que no se tiene información, y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha informado que 26.000 personas han decidido abandonar Nicaragua en medio de la crisis.
