Los activistas que demandaron al Gobierno de EE.UU. para bloquear la construcción de un muro en la frontera con México consideraron este sábado que la decisión de un juez de congelar parte de los fondos para ese proyecto abre la puerta a futuras acciones para obstaculizar la creación de esa barrera.
“La orden del tribunal impide que la Administración de (Donald) Trump comience las obras en los primeros proyectos de construcción del muro fronterizo que la Administración ha anunciado”, dijo a Efe este sábado un portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que pidió el anonimato y cuya organización representa a los demandantes en este caso.
Ayer, el juez de la Corte del Distrito Norte de California, Haywood Gilliam, nombrado en su día por el expresidente Barack Obama (2009-2017), bloqueó parcialmente el plan de Trump de financiar el muro fronterizo mediante fondos procedentes del Departamento de Defensa, para lo que se valió de la emergencia nacional que declaró en febrero para evitar al Congreso, donde los demócratas se oponen.
El fallo congela la transferencia de unos 1.000 millones de dólares del presupuesto del Pentágono para pagar la barrera en la frontera y limita la creación de partes del muro, pero no detiene su construcción.
En concreto, el magistrado impide al Gobierno “adoptar cualquier acción para construir la barrera fronteriza” empleando fondos desviados del Departamento de Defensa en las zonas de Yuma y El Paso, en los estados limítrofes con México de Arizona y Texas, respectivamente.
El portavoz de ACLU recordó que el coste de los primeros proyectos de construcción anunciados por la Administración asciende a 1.000 millones de dólares que han sido desviados de los fondos del Pentágono, en concreto “de las pagas de los militares y las cuentas de las pensiones”.
“Con el bloqueo temporal, la corte puede tomar una decisión final sobre la petición de nuestro cliente, así como sobre los proyectos de construcción del muro que la Administración ya ha anunciado, y evaluar si desafía nuevas secciones del muro fronterizo”, indicó la fuente de ACLU.
El Congreso aprobó en febrero 1.375 millones de dólares para erigir el muro, una cifra que quedaba muy lejos de los 5.700 que Trump había pedido, lo que llevó al mandatario a declarar una emergencia nacional en la frontera con México con el objetivo de conseguir esos fondos sin necesidad de que fuesen autorizados por el Legislativo, cuya Cámara Baja controlan los demócratas.
Con la emergencia nacional, el Gobierno reasignó al muro unos 6.600 millones de dólares previamente aprobados para el Pentágono y el Departamento del Tesoro y que sumados a los 1.375 que el Congreso sí destinó al muro debían servir para la construcción de unos 376 kilómetros y permitir al presidente empezar a cumplir su principal promesa de campaña.
Sin embargo, el juez Gilliam consideró en su fallo que “el control absoluto del Congreso sobre los gastos federales -incluso cuando ese control pueda frustrar los deseos de la rama Ejecutiva en relación a iniciativas que considere importantes- no es un fallo del sistema constitucional. Al contrario, es una característica esencial del mismo”.
En la denuncia, los demandantes Sierra Club y la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur, representados por ACLU, sostienen que la declaración de una emergencia nacional para desviar fondos para el muro es “inconstitucional”.
En su escrito, el juez aclaró que este caso no es para establecer si la construcción del muro es una decisión “sensata o no” ni para ver si ese plan es la respuesta política correcta para afrontar la situación en la frontera sur de Estados Unidos, sino para determinar si el Ejecutivo ha excedido sus prerrogativas en su financiación.
El fallo del viernes tiene carácter temporal y de urgencia a la espera de que Gilliam se tome más tiempo para estudiar el caso antes de emitir una sentencia definitiva.
Por el momento, ni la Casa Blanca, ni el Pentágono, ni el Departamento de Defensa ni el de Seguridad Nacional se han pronunciado al respecto, tras haber sido contactados por Efe.
En la misma corte hay otra demanda contra el muro presentada por dieciséis estados gobernados por los demócratas, encabezados por California, sobre la que el juez ha rechazado emitir una orden restrictiva temporal como en el otro caso, aunque ha dado luz verde para que la causa prosiga. EFE
