Odebrecht en Perú: 3 presidentes implicados, uno optó por el suicidio

El expresidente peruano Alan García, líder del Partido Aprista Peruano, falleció a las 10:05 de este miércoles, unas tres horas después de que se disparara en la cabeza cuando la policía acudió a detenerlo en su domicilio, según informó el Ministerio de Salud del Perú.

El día anterior, un juzgado especializado en delitos de corrupción de funcionarios había accedido a la petición fiscal de decretar detención preliminar, allanamiento y registro domiciliario contra García y otros ocho investigados por presunta comisión de lavado de activos, en el marco de las investigaciones que la fiscalía peruana viene realizando a propósito de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, conocida como el caso Lava Jato. Alan García —quien fue presidente del país en dos períodos, de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011— era uno de los cuatros exmandatarios peruanos que son investigados en este caso.

A las 8:44 de la mañana, luego de dar declaraciones a la emisora RPP por el —hasta ese momento— intento de suicidio del expresidente García, Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones de su gobierno, fue detenido por la policía en la misma puerta de la sede de RPP. En la entrevista que había concedido minutos antes, Cornejo confirmó que él era uno de los nueve investigados para los que el juez había ordenado detención preliminar.

“De aquí me voy voluntariamente al Ministerio Público para entregarme y ofrecer toda la verdad que tengo”, dijo, y señaló que se había enterado de la orden que pesaba contra él y los otros exfuncionarios y allegados apristas a través de los medios. Veinte minutos después era conducido por la policía a una camioneta que lo esperaba en la puerta de la radio.

Durante el segundo gobierno de Alan García, entre los años 2006 y 2011, la constructora Odebrecht obtuvo licitaciones con el estado peruano, entre contratos y concesiones, por más de 6000 millones de soles (un poco más de 1,8 mil millones de dólares al cambio actual). A lo largo de los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), la empresa brasileña obtuvo contratos por unos 5,4 mil millones de soles (aproximadamente 1,6 mil millones de dólares) y recibió concesiones por unos 29.000 millones de soles (unos 8,7 mil millones de dólares).

La empresa brasileña había firmado contratos con todos los gobiernos peruanos desde el año 1979 hasta 2016, incluidos 28 proyectos licitados durante la década de la dictadura de Alberto Fujimori.

Este martes 16 por la noche el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Angloamericana de Lima debido a un problema cardiaco. El día anterior, un juzgado especializado en delitos de corrupción de funcionarios había ratificado su detención preliminar por diez días. La fiscalía peruana solicitó esta misma mañana, en audiencia ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 36 meses de prisión preventiva para Kuczynski, quien es investigado por los delitos de lavado de activos y colusión.

Según el representante de la empresa Odebrecht, Jorge Barata, el exmandatario habría recibido 300.000 dólares en el año 2011 como aporte de campaña. Una segunda investigación contra Kuczynski aborda los pagos que tres empresas vinculadas a él —Westfield, First Capital y Latin América Enterprise— recibieron de parte de Odebrecht mientras era ministro de Economía y luego Presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Alejandro Toledo.

Este último caso fue el que llevó a Kuczynski a enfrentar dos mociones de vacancia y, finalmente, a renunciar a la presidencia en marzo de 2018. Tras esos sucesos asumió el control del Ejecutivo el entonces vicepresidente Martín Vizcarra, quien desde que llegó al Palacio de Gobierno peruano se distanció de su antecesor y manifestó su apoyo a la lucha contra la corrupción llevada a cabo por los fiscales responsables del caso Odebrecht.

Alejandro Toledo, presidente entre los años 2001 y 2006, cuenta con una orden de captura internacional y se encuentra prófugo en Estados Unidos. El Departamento de Justicia estadounidense viene analizando el pedido de extradición presentado por la fiscalía peruana en mayo de 2018. Los delitos que le imputa el Ministerio Público peruano son: lavado de activos, tráfico de influencias y colusión agravada en dos casos distintos.

Según ha declarado la empresa Odebrecht, el expresidente Toledo habría recibido sobornos por un total de 20 millones de dólares a cambio de otorgar la licitación de tres tramos de la carretera Interoceánica Sur. Miembros de la compañía brasileña han dicho que Toledo también habría recibido un aporte de campaña de 700.000 dólares en el año 2011.

Por su parte, Ollanta Humala, presidente durante el periodo 2011-2016, es investigado junto a su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, por el delito de lavado de activos. Según Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, representantes de la constructora brasileña, los dos líderes del Partido Nacionalista Peruano habrían recibido tres millones de dólares en aportes de campaña en el año 2011.

En la actualidad, tanto Humala como Heredia son investigados por la justicia peruana y se les ha prohibido la salida del país. La ex primera dama también es investigada por los delitos de colusión y negociación incompatible debido a la adjudicación del Gasoducto del Sur a la empresa brasileña, una obra valorada en 7000 millones de dólares. La fiscalía peruana presume que Heredia fue clave para favorecer la licitación que recayó en Odebrecht.

Además de Alan García y los tres expresidentes que continúan siendo investigados, también Keiko Fujimori, ex lideresa de Fuerza Popular y candidata en dos ocasiones a la presidencia, está siendo investigada por el Ministerio Público peruano y cumple actualmente 36 meses de prisión preventiva, dictaminados el 31 de octubre de 2018. La hija del expresidente Alberto Fujimori —quien también se encuentra en prisión, aunque con sentencia firme y por delitos de lesa humanidad además de corrupción— es investigada por los delitos de lavado de activos y obstrucción a la justicia. Según la confesión del representante de Odebrecht Jorge Barata, Keiko Fujimori y Fuerza Popular habrían recibido 1,2 millones de dólares en aportes para la campaña electoral de 2011.

Todas estas acciones de la justicia del país han llevado a que desde la oposición, particularmente desde el aprismo y el fujimorismo, se acuse al gobierno del presidente Vizcarra, así como a los fiscales y jueces responsables de los casos relacionados con los sobornos de Odebrecht, de realizar una cacería de bruja con tintes políticos.

Sin embargo, las investigaciones alcanzan no solo a los cuatro expresidentes de la democracia y a la exlideresa de Fuerza Popular sino a varias decenas de exfuncionarios, incluidos los dos últimos alcaldes de Lima, Susana Villarán (quien cuenta con impedimento de salida del país) y Luis Castañeda Lossio, además del exgobernador regional del Callao Félix Moreno. Este último se encuentra prófugo desde que, a finales de enero, un juez le dictaminó prisión preventiva por 18 meses.