El Congreso de Perú aprobó este jueves interpelar al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, el próximo 21 de marzo sobre el acuerdo de colaboración firmado con la empresa brasileña Odebrecht para que la Fiscalía tenga acceso a testigos y pruebas en los procesos abiertos contra exautoridades y figuras peruanas denunciadas por corrupción.
En sesión del pleno, 58 legisladores votaron a favor de la interpelación a Zeballos, 24 en contra y uno se abstuvo.
La legisladora fujimorista Yeni Vilcatoma dijo que no se está cuestionando la facultad del Ministerio Público de perseguir el delito, sino denunciar irregularidades como el monto establecido para la reparación civil que recibirá el Estado peruano de parte de la compañía constructora, que ascenderá a 182 millones de dólares.
De acuerdo a la investigación preliminar de la Fiscalía anticorrupción, Odebrecht pagó millonarios sobornos a exfuncionarios para adjudicarse obras entre 2005 y 2014, durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, y financió las campañas electorales de algunas figuras políticas como el exmandatario Ollanta Humala y la lideresa opositora Keiko Fujimori, entre otros implicados.
Por su parte, el congresista César Villanueva, de la Alianza por el Progreso (APP), opinó que la importancia del acuerdo es conocer profundamente la corrupción cometida en Perú en los últimos años.
El parlamentario izquierdista Marco Arana comentó que el objetivo de la interpelación, impulsado por la fujimorista Fuerza Popular, es “sabotear el mecanismo de colaboración eficaz y no sancionar a los corruptos”.
Los fiscales del caso Lava Jato en Perú firmaron el pasado 15 de febrero un acuerdo de colaboración con la constructora brasileña, que se comprometió a entregar documentos “valiosos” y a pagar 610 millones de soles (182 millones de dólares) por los sobornos realizados.
El jefe del equipo especial de la Fiscalía, Rafael Vela, informó ese día que la empresa no ha presentado ninguna restricción durante las negociaciones y ha asumido “la obligación de colaborar en todo lo que los fiscales peruanos requieran”.
“Es un convenio cuyas exigencias están definidas por la obligatoriedad de la entrega de toda información requerida” y “todo lo que sea necesario será en su momento requerido”, precisó el fiscal.
Los 610 millones de soles (182 millones de dólares) deberán ser pagados a lo largo de 15 años y la compañía deberá abonar también los intereses legales correspondientes al valor acordado, que podrían ascender a los 150 millones de soles (unos 45 millones de dólares).
Otro punto clave del acuerdo es que, a cambio de que pueda presentarse en licitaciones públicas en Perú, Odebrecht deberá pagar aún en 2019 todos los impuestos vigentes hasta la fecha, que suman unos 450 millones de soles (135 millones de dólares).
Los fiscales peruanos han empezado a tomar las declaraciones de varios exfuncionarios y postergaron hasta abril el interrogatorio del exrepresentante de Odebrecht en Perú Jorge Barata, en la ciudad de Curitiba, capital regional del estado sureño de Paraná.
Además de los testigos de los interrogados, la Fiscalía tendrá acceso a las informaciones de los sistemas “My Web Day” y “Drousys”, a través de los cuales Odebrecht solicitaba, procesaba y controlaba las operaciones para el pago de sobornos.
Odebrecht afirmó en un comunicado que Perú es el octavo país con el que llega a un acuerdo y que seguirá “buscando entendimientos de la misma naturaleza con otros países donde actúa, en el marco de la profunda reestructuración” que lleva a cabo y la “implementación de un riguroso sistema de conformidad global”.
Los otros países con los que ha firmado acuerdos son Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Guatemala.EFE
