Santo Domingo, (EFE).– Organizaciones y abogados de República Dominicana reclamaron este martes que se realice una investigación relativa a una denuncia sobre un considerable aumento en las intervenciones telefónicas entre 2017 y 2018.
De acuerdo con un reportaje del periódico local Listín Diario, las solicitudes y aprobación de interceptaciones de teléfonos se triplicaron de 2017 a 2018, alcanzado 18.067 las solicitudes hechas por el Ministerio Público este último año solo en la capital.
En ese sentido, el presidente de la Fundación Prensa y Derecho, Namphi Rodríguez, solicitó al Defensor del Pueblo abrir una investigación para determinar la “pertinencia y legalidad” de las intervenciones telefónicas supuestamente ejecutadas por el Ministerio Público en la capital en 2018.
A través de un comunicado, el jurista advirtió que un número tan elevado de intervenciones telefónicas solo en Santo Domingo y el Distrito Nacional denota que “vivimos en un estado policial”.
Por su lado, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló a la prensa que el tema debe ser investigado y analizado en profundidad.
A su vez, el abogado y expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Roberto Rosario afirmó que “la mayoría” de las intervenciones “son realizadas contra personas que no son investigadas” por lo que “son ilegales” y que son utilizadas “para chantajear”.
El tema del espionaje telefónico se produce después de que un periodista denunciara el miércoles pasado que la Procuraduría General intervino el teléfono de la jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Miriam Germán Brito.
Sin embargo, el procurador adjunto e inspector de la Procuraduría General de la República, Bolívar Sánchez Veloz, negó ese mismo día que ese organismo solicitara dicha intervención.
Sánchez, aclaró, en rueda de prensa, que fue él y no el procurador general, Jean Alain Rodríguez, quien solicitó la intervención de varios teléfonos en el marco de una investigación por narcotráfico, y que al establecerse que uno de esos números correspondía a esa magistrada, decidió no ejecutar dicha orden, por lo que nunca recibió ningún tipo de información, ni registros de llamadas de Germán Brito.
Germán Brito y Rodríguez se mantienen enfrentados después de que el procurador cuestionara hace una semana, en el marco de la evaluación que se realiza a miembros de la SCJ, la legitimidad de un patrimonio de la jueza y revelara supuestos encuentros de ésta con uno de los implicados en el caso de los sobornos de Odebrecht.
