La organización no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) cuestionó este lunes que el Gobierno de Nicaragua estableciera medidas cautelares a reos que no tienen procesos judiciales en su contra, lo que legalmente “no es posible”.
Los reos con medidas cautelares son unas 100 personas que han participado en protestas contra el presidente Daniel Ortega y que fueron trasladados de las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) hacia sus casas el miércoles pasado.
“Muchas de las personas que están detenidas sin haber comenzado proceso, se les dio medidas cautelares, pero cómo se les puede aplicar (estas) medidas a personas que ni siquiera se han judicializado los casos, eso no es posible”, cuestionó el abogado de la CPDH, Julio Montenegro, ante periodistas.
Entre las medidas cautelares están la casa por cárcel o la convivencia familiar. La primera impide a los manifestantes presos salir de sus casas, y la segunda les permite desarrollar una vida normal sin salir del país.
En ambos casos los afectados deben presentarse una vez al mes al Sistema Penitenciario Nacional.
Montenegro señaló que un problema adicional es que los presos con cambio de medidas en general desconocen su situación legal, ya que las autoridades apenas les permitieron firmar los documentos sin tiempo para leerlos.
“Hay muchas personas que salieron y no saben exactamente qué medidas les han aplicado. Esos son los peligros que tienen muchas personas, por eso están con muchos temores”, explicó el defensor.
Adicionalmente la CPDH informó que, de los 100 presos enviados a sus casas que informó el Gobierno, hasta el momento únicamente se ha confirmado de entre 50 y 60 casos, por lo que no hay certeza del número oficial.
El cambio de régimen de detención este centenar de personas coincidió con el inicio de una nueva mesa de negociación entre el Gobierno y la oposición en busca de una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril pasado.
La crisis ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El presidente Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos, a los que llama “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”, y se dice víctima de un intento fallido de “golpe de Estado”.
