La medida ha sido una amenaza latente desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca: prohibir que las clínicas de planificación familiar financiadas con fondos federales deriven a sus pacientes a centros abortistas, aunque ellos lo soliciten.
Es la llamada “norma mordaza” que Ronald Reagan estableció 30 años atrás. El portal del Departamento de Salud y Servicios Humanos ha publicado este viernes la reforma que afecta al Título X, un programa que ofrece control de natalidad y otros servicios de salud reproductiva a cerca de cuatro millones de mujeres al año a través de clínicas independientes. Planned Parenthood, que atiende al 41% de las beneficiadas de Título X, será la organización más afectada por la norma, que todavía necesita ser publicada en el Registro Federal para entrar en vigor. Los contrarios sostienen que van a trasladar la batalla a los tribunales y al Congreso para impedir su validez.
La ofensiva contra el aborto en la Administración de Trump no solo ha sido constante, sino que se ha intensificado con el transcurso del tiempo. Su primera medida en esta materia la tomó a los cuatro días de asumir el cargo, donde recuperó una ley que prohíbe a ONG y proveedores sanitarios en el extranjero utilizar fondos del Gobierno estadounidense para asesorar a favor del aborto. La última se ha formalizado este viernes. “Es una medida sin precedentes, donde los políticos le dicen a los médicos lo que tienen que hacer”, explica la doctora Leana Wen, presidenta de Planned Parenthood. La organización que lidera la profesional ha sido denostada constantemente por el Partido Republicano en su campaña contra el aborto. De los 286 millones de dólares que se destinan al programa de planificación familiar con presupuesto federal, alrededor de 60 millones acaban en Planned Parenthood.
La doctora Wen sostuvo que su organización, líder en otorgar servicios reproductivos a mujeres que no cuentan con planes de salud, no puede aceptar fondos en estas condiciones porque comprometería sus obligaciones éticas con sus pacientes. “Esta norma viola los derechos de las mujeres”, sentenció en una rueda de prensa horas después de que se publicara el borrador final de la norma. Desde la organización consideran que la Administración ha puesto a los proveedores de atención médica “en una posición imposible”: “U ocultamos información a nuestros pacientes o nos expulsan de un programa diseñado para garantizar que las personas de bajos recursos puedan seguir teniendo acceso a anticonceptivos, pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual (ITS), pruebas de detección del cáncer y otros tipos de atención esencial de la salud reproductiva”.
La reforma, además de la separación económica, también impone requisitos de separación física a los centros de salud que practican abortos. Esto podría incluir la obligación de que los edificios creen entradas y salidas independientes. Se prevé que el texto se publicará en el corto plazo en el Registro Federal. Desde entonces cuenta con 60 días para entrar en vigor. Eso, si es que la oposición no lo impide antes. Al menos 15 gobernadores y 200 congresistas han hecho público su rechazo a la medida.
