El juicio contra los agentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón, autores confesos del secuestro del activista político Fernando Balda en Colombia, un caso en el que también está acusado el expresidente Rafael Correa, comenzó este lunes con la negativa del juez a un pedido de un proceso abreviado.
Miguel Jurado, juez ponente, rechazó la petición porque no se la presentó en la audiencia de formulación de cargos y tras ello el juicio arrancó de forma normal.
Eduardo León, abogado de Balda, dijo respetar la decisión del juez aunque pensaban que podía darse paso al procesamiento abreviado “más aún considerando que, efectivamente, con los cooperadores eficaces no se va a dar una contradicción dentro de la audiencia”.
De su lado, Diego Chimbo, abogado de Chicaiza y Falcón, señaló que querían “simplificar por economía procesal” y que la cooperación eficaz “pase a ser prueba y en acuerdo entre las partes (…) tener la pena de doce meses”.
No obstante, con la decisión del juez, ahora se debe realizar la audiencia y “probar la cooperación eficaz como tal”, indicó.
Ya en el juicio, la fiscal general del Estado en funciones, Ruth Palacios, comentó que “fueron funcionarios públicos ecuatorianos” los que planificaron el secuestro en Bogotá, en 2012, que se prolongó 40 minutos.
Añadió que para convencer a Chicaiza, el entonces jefe de Inteligencia, Pablo Romero, hizo una llamada a Rafael Correa (a la sazón presidente de la República), quien le señaló que había que traer a Balda a Ecuador a toda costa.
Palacios alegó que de trasfondo había un caso expuesto por Balda de un supuesto acoso sexual en el que presuntamente estaba involucrado el exmandatario.
Señaló que Chicaiza y Falcón estuvieron desde mayo hasta agosto en Colombia y que se destinaron fondos de la cuenta de gastos especiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) para llevar a cabo la operación.
La Fiscalía esgrime el artículo 161 del Código Penal de entonces, que señala que la pena por el delito de plagio se castiga con de 6 a 9 años de prisión.
Sin embargo, León apuntó que por un “tema de favorabilidad” se debería aplicar una pena más favorable, que es la del Código Integral Penal (COIP) que va de 5 a 7 años y, a partir de ahí, se podrán aplicar los beneficios, como el de haber cooperado eficazmente.
El letrado argumentó en la audiencia que el 13 de agosto de 2012, cinco personas de nacionalidad colombiana agredieron y lesionaron al político ecuatoriano, al que secuestraron durante 40 minutos hasta que la Policía colombiana lo liberó.
Todos ellos fueron condenados por el hecho y hablaron de la participación de dos agentes ecuatorianos, que son los dos procesados.
Según León, en el operativo se utilizaron 28.000 dólares y añadió que las altas autoridades querían que el delito no se conociera en el país.
Señaló que como “hombres de bien”, los dos agentes decidieron contar la verdad y colaborar con la Justicia.
“Este es el primer capítulo del juicio que cambia todo en la historia del país”, añadió al considerar que a los dos agentes “hay que reconocerles el perdón”.
El pasado 7 de noviembre, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador emitió un auto de llamamiento a juicio contra Correa y otros tres exfuncionarios por el caso del secuestro.
Correa (2007-2017) y Romero se encuentran en el extranjero, el primero en Bélgica y el segundo en España, por lo que el juicio solo podría iniciarse en caso de que regresaran al país o sean capturados y extraditados.
El exmandatario ha denunciado ser objeto de una persecución política y acusa al Poder Judicial de su país de falta de independencia.
El pasado 14 de enero, la Procuraduría General del Estado de Ecuador informó que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España accedió a extraditar a Romero.
Según un comunicado de la defensa legal del Estado, el tribunal español dictó un auto en el que asumía los argumentos de Ecuador en la audiencia del pasado 9 de enero para que Romero sea extraditado y pueda ser juzgado en el país por el caso Balda.
León comentó este lunes que cuando se traiga a Romero y cuando Correa decida comparecer se deberá instaurar una nueva audiencia de juzgamiento.
“Por supuesto, tendremos ya con este proceso demostrada la materialidad de la infracción y tendremos solamente que discutir en esta audiencia la responsabilidad de estas dos personas”, dijo.
El letrado presume que la defensa de Romero aplicará herramientas legales para impugnar la decisión contra su defendido.
