El gobierno de Jair Bolsonaro está alistando un decreto presidencial con el objetivo de revisar las reglas y permitir una amplia auditoría sobre los pagos de planes sociales del Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), en un nuevo intento por achicar el gasto público y reducir el déficit.
La medida, según informa Folha do Sao Paulo, prevé un incentivo de 57 reales (poco más de USD 15) a los analistas y técnicos por cada irregularidad descubierta en la asignación de planes y pensiones.
Según las estimaciones del gobierno, estos descuentos podrían generar un ahorro de USD 3.000 millones por año, después de descontar este pago de incentivos, lo que corresponde a un 4,2% del déficit de la asistencia social anual. Si la intención es eliminar el balance negativo, todavía haría falta reducir en USD 60.000 millones el presupuesto de planes y beneficios.
El periódico paulista detalló que los principales programas que están en la mira de las autoridades son las pensiones por invalidez y muerte, la jubilación rural y el “auxilio reclusión” (una ayuda para las personas económicamente dependiente de individuos con condenas en prisión), beneficios que ya han sido criticados por el presidente y sus asesores.
Entre los cambios que se alistan, se prevé mayores controles para evitar fraudes, así como una posible prohibición de la superposición de dos beneficios.
Bolsonaro ha ratificado el impulso de un vasto plan de privatizaciones, todavía no delineado por completo, que reducirá a mínimos el “intervencionismo” del Estado en la economía y liberará de las “amarras” a la empresa privada.
También se avanzará en una reforma del régimen de jubilaciones, que de acuerdo al ministro de Economía, Paulo Guedes, formado en la Escuela de Chicago, tendrá como objetivo final la adopción de un sistema de fondos privados, similar al que existe en Chile.
Esos anuncios animaron al mercado financiero y en los primeros días del nuevo Gobierno, la Bolsa de Sao Paulo alcanzó un récord histórico atrás del otro.
