Las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Nicaragua amenazan con acentuar la crisis que enfrenta el gobierno de Daniel Ortega si no busca una salida negociada del conflicto que estalló tras las protestas de abril, advirtieron este miércoles analistas y opositores.
“Este es el momento en que el comandante Ortega debe reflexionar”, porque “si no vuelve a la mesa de negociación vamos a una mayor crisis”, afirmó a la AFP el exdiplomático nicaragüense Mauricio Díaz.
“Esperemos que comprenda que por ese camino (de reprimir a la oposición) lo único que va a conseguir es terminar de hundir toda posibilidad de sobrevivencia política de su régimen”, declaró a un medio local el general en retiro opositor Hugo Torres.
Señaló que el ejército, que se ha mantenido al margen de la crisis, “debería estar altamente preocupado y aconsejando (al gobierno) para que cese esta vorágine represiva y se restablezca la democracia”.
Washington anunció este martes sanciones a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, y al asesor de seguridad nacional de Ortega, Néstor Moncada, por actos de corrupción y violación de los derechos humanos.
Las sanciones fueron acompañadas por un decreto ejecutivo que declara a Nicaragua una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, y la aprobación en el Senado de la Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua, conocida como “NICA Act”, que limitaría el acceso de Managua a préstamos internacionales.
“Estamos atravesando una crisis magna en nuestras relaciones” con Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua y “eso es sumamente preocupante”, expresó el excanciller Francisco Aguirre.
Según el Departamento del Tesoro norteamericano, Murillo “ha estado marcada por distintos actos de corrupción y tiene influencia sobre dos grupos muy involucrados con la violenta represión de las protestas”, mientras que Moncada es señalado de actuar como agente de inteligencia gubernamental.
A juicio del sociólogo Oscar Vargas, las sanciones, que bloquean los activos de los sancionados en entidades bajo la jurisdicción de Estados Unidos, es un fuerte golpe para Murillo porque “descalifica la posibilidad de que ella sea la sucesora” de Ortega.
Diálogo en entredicho
La Iglesia católica instaló en mayo un diálogo entre el gobierno y la oposición para buscar una salida a la crisis que desencantaron las protestas que iniciaron el 18 de abril.
Pero las negociaciones se estancaron en junio en medio de la represión a las manifestaciones, que dejó más de 320 muertos según grupos humanitarios.
La opositora Alianza Cívica insistió en un comunicado en que “la única vía para una solución es un diálogo con garantes internacionales”, y responsabilizó al gobierno por las consecuencias que tendría un nuevo conflicto con Estados Unidos, como ocurrió durante la Revolución Sandinista, cuando gobernó Ortega en los años 80.
Díaz duda que Ortega, un exguerrillero de 73 años que gobierna desde 2007, acepte reanudar el diálogo y cree que “más bien va a alimentar la confrontación, lo que podríamos llamar la cubanización de Nicaragua”.
Consideró que “el eje bolivariano”, conformado por Venezuela y países aliados, “tienen una estrategia compartida de que este gobierno debe resistir aunque el pueblo pague las consecuencias”.
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Torres admite que la reacción de Ortega desde que iniciaron las protestas “ha sido aumentar la represión a tal punto que ha terminado imponiendo un estado policíaco y un virtual estado de sitio”.
El gobierno calificó el martes las medidas estadounidenses como una injerencia imperialista.
Murillo reiteró este miércoles que el gobierno no cederá a la presión externa y que cuenta con el apoyo del pueblo.
“No pudieron, ni podrán (…) Vamos al año 40 de la revolución” en 2019 con “un alma indoblegable, y lo digo así: somos indoblegables, somos fuertes”, afirmó Murillo.
Más de 600 opositores han sido encarcelados por participar en las protestas y al menos 40.000 han huido de la persecución a Costa Rica y otros países, mientras la economía está devastada por la crisis política.
