SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Procuraduría General de la República anunció que ha logrado un resarcimiento económico por parte de la constructora Odebrecht al Estado dominicano, en virtud al delito de soborno que la misma confesó ante autoridades de Estados Unidos, Brazil y Suiza, había pagado para obtener contratos de obras en República Dominicana.
El procurador Jean Alain Rodríguez informó que mediante este ofrecimiento, la empresa brasileña se ha comprometido a pagar US$184,000,000 equivalentes al duplo de los US$92,000,000 que significó dicho ilícito, conforme lo estable la Ley 448-06 sobre soborno en comercio e inversión.
Rodríguez comunicó que el Ministerio Público ha conseguido que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), mediante resolución, disponga la suspensión provisional del registro como proveedor estatal de la multinacional carioca, lo cual impedirá que la misma pueda participar en cualquier licitación para futuras transacciones con el Estado dominicano.
El procurador resaltó en un comunicado que “este acuerdo económico con Odebrecht, y la inhabilitación de la empresa para poder contratar, no impedirá que sigamos investigando sin descanso y hasta sus últimas consecuencias. Caiga quien caiga. La investigación no termina con la inhabilitación ni terminará con una sanción económica a la empresa. Terminará cuando lleguemos hasta el último rincón para encontrar a quienes cometieron tales acciones criminales.”
Reiteró que ha enfatizado al gerente local de Odebrecht, Marcelo Hojke, sobre la obligación que tienen de colaborar con las pesquisas, dejándole claro que para el Ministerio Público es inaceptable, pretender desconocer la confesión del delito de soborno que esa multinacional realizó en una corte de Nueva York, incriminación en la cual mencionan los US$92,000,000 que ellos dijeron que pagaron en República Dominicana, a través de un intermediario.
“Le pedimos a todos ustedes y a la ciudadanía, paciencia y comprensión, puesto que estamos ante un tema complejo. Tenemos el deber de respetar los derechos de los potenciales imputados, así como la responsabilidad de recabar las evidencias en las formas que establece la ley, con apego al debido proceso y al rigor que toda investigación criminal conlleva, a fin de que el expediente se sostenga ante los tribunales”, puntualizó.
Tomado de: CDN.com
